Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó acusación formal contra treinta personas y 18 empresas que, según el Ministerio Público, formaban parte del entramado de corrupción que funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
La procuradora de Corte, Mirna Ortíz, dijo que las 48 personas físicas y jurídicas (incluyendo iglesias) imputadas, son parte de una misma red y por eso solicitaron al juez que sean fusionados los dos casos de corrupción para que sean conocidos juntos.
La acusación depositada tiene más de tres mil páginas. Establece que los integrantes de la red Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles, explicó la procuradora de Corte Mirna Ortíz.
En fotos de archivo, los generales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, y Julio Camilo de los Santos Viola, y del Ejército, Boanerges Reyes Batista, implicados en Coral 5G.
Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
En la combinación fotográfica, la pastora Rossy Guzmán y el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quienes están entre los encartados del Caso Coral.
Caso Coral. – Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
