
SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera discusión, un proyecto de ley que busca prohibir la importación a República Dominicana de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso, como parte de las medidas para evitar la comercialización de productos vinculados a prácticas de explotación laboral.
La propuesta contempla impedir el ingreso al territorio nacional de bienes que hayan sido fabricados, extraídos, procesados o producidos, de manera total o parcial, bajo condiciones de trabajo forzoso.
Además de establecer la prohibición, la iniciativa plantea mecanismos para identificar y verificar el origen de las mercancías, así como procedimientos administrativos y responsabilidades institucionales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Durante la misma sesión, los legisladores ratificaron el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), suscrito en Brasilia, Brasil, el 9 de noviembre de 2023, y remitido por el Poder Ejecutivo tras recibir la aprobación del Senado.
El acuerdo busca fortalecer la cooperación entre los organismos policiales y de seguridad de los países miembros, mediante el intercambio de información y la coordinación de acciones para prevenir, investigar y combatir delitos transnacionales.
En otros trabajos legislativos, la Cámara Baja aprobó en segunda discusión el proyecto que propone nombrar «Estación Johnny Pacheco» a una de las paradas del monorriel de Santiago, ubicada en las inmediaciones de la avenida Las Carreras.
La iniciativa, presentada por el diputado Brailyn Miguel Vargas Núñez, reconoce el legado artístico del músico dominicano y su contribución a la proyección internacional de la cultura nacional. La pieza será enviada al Senado para continuar su trámite legislativo.
Asimismo, los diputados ratificaron las designaciones de Anadel Georgina Peguero Polanco como miembro y Juan Ramón Rosario Contreras como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas.
El pleno también aprobó el grupo número 96 de resoluciones internas, que incluye solicitudes de legisladores para la construcción y reparación de infraestructuras, así como mejoras en servicios públicos de distintas comunidades.


