SANTO DOMINGO. – El expediente acusatorio del denominado caso Cobra revela que el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, habría recibido más de RD$2,881 millones mediante un esquema de corrupción que, según el Ministerio Público, operó de manera sistemática durante su gestión.
De acuerdo con los documentos de la investigación, el presunto principal operador financiero de Hazim era José Pablo Ortiz Giráldez, identificado como la persona encargada de movilizar grandes sumas de dinero en efectivo. Ortiz habría actuado como receptor directo de sobornos, fondos provenientes de facturaciones falsas, estafas agravadas y procesos de contratación irregulares ejecutados dentro de la institución.
El Ministerio Público sostiene que Ortiz Giráldez no solo fungía como intermediario de pagos ilícitos, sino que también utilizaba estructuras empresariales para supuestamente lavar los recursos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas. Entre las empresas señaladas se encuentran PDSS Servicios a tu Salud, S.R.L., y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., las cuales, de acuerdo con la acusación, funcionaban como vehículos societarios para disfrazar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración al sistema financiero.
Las autoridades explican que este esquema habría permitido a Hazim recibir millonarias sumas sin dejar trazas directas que lo vincularan en primera instancia, lo que hacía indispensable la participación de su supuesto mano derecha, Ortiz Giráldez, en todo el proceso de captación y movimiento de dinero.
El expediente también describe cómo, según la investigación, se utilizaron mecanismos de falsificación de facturas, sobreevaluación de servicios médicos y adjudicación de contratos bajo criterios irregulares que beneficiaban a empresas relacionadas con los implicados. Estos procedimientos generaban excedentes que posteriormente se convertían en fondos ilícitos a ser distribuidos entre los miembros de la red.
La presunta estructura criminal habría operado durante meses dentro de SENASA, aprovechando la posición de mando de Hazim y la capacidad operativa de Ortiz, quien, según el Ministerio Público, coordinaba la recepción de pagos, organizaba entregas en efectivo y utilizaba compañías fachada para legitimar los recursos.
El caso Cobra continúa en etapa judicial, mientras las autoridades afirman que todavía analizan documentos, movimientos financieros y declaraciones que podrían ampliar la lista de implicados o reforzar las imputaciones ya presentadas. El expediente es considerado uno de los más complejos de los últimos años en materia de corrupción administrativa en República Dominicana, debido a la magnitud de los fondos involucrados y la sofisticación de los mecanismos atribuidos a la presunta red.
