SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que los embarazos en adolescentes en República Dominicana mantienen una tendencia descendente, al pasar de 27,476 casos en 2021 a 16,481 en 2025, para una reducción cercana al 40 %, mientras la CEPAL reconoce la política nacional implementada para enfrentar esta problemática como una de las “prácticas promisorias” de la región.
La tendencia a la baja también se mantiene durante 2026, según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondientes al segundo trimestre de este año, se registraron 137 embarazos adolescentes menos que en el mismo período de 2025, equivalente a una reducción de 3.91 %.
La disminución coincide con la aplicación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA), estrategia nacional que busca reducir los factores asociados a las uniones tempranas, los embarazos y otras situaciones de vulnerabilidad que afectan a niñas y adolescentes.
La política dominicana también ha recibido reconocimiento internacional. En su informe Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: De los datos a la acción pública, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluyó la PPA entre las experiencias consideradas “prácticas promisorias” de la región.
El organismo regional valoró especialmente la coordinación entre instituciones públicas y la aplicación de un enfoque territorial para concentrar los esfuerzos en las comunidades con mayores niveles de uniones tempranas, embarazo adolescente y violencia.
Entre las entidades involucradas se encuentran el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), además de una Unidad Técnica de Gestión creada para coordinar y dar seguimiento a las acciones contempladas en la política.
La estrategia contempla intervenciones específicas en territorios identificados con mayores niveles de estas problemáticas. Entre las localidades priorizadas figuran Azua, Boca Chica y San Juan.
De acuerdo con el informe de la CEPAL, otro elemento relevante de la iniciativa es que procura integrar las distintas acciones institucionales bajo una política nacional con metas establecidas hasta 2030, recursos destinados a su implementación y mecanismos de seguimiento.
