SANGO DOMINGO.- La jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de presuntamente recibir un soborno de US$10,000 de un testigo del Ministerio Público.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida cautelar, mientras avanza la investigación del caso, al considerar la gravedad de los hechos imputados.
De acuerdo con el expediente, el fiscal habría exigido inicialmente US$200,000 a una persona bajo investigación, monto que posteriormente se redujo a US$150,000 durante una negociación. En ese proceso, también habría manifestado interés en recibir bienes como un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el caso como “muy grave” y reiteró la política de tolerancia cero frente a la corrupción dentro del Ministerio Público. “Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién los cometa”, afirmó, al tiempo que aseguró que se buscarán sanciones ejemplares.
Según las investigaciones, la presunta negociación se habría realizado con Roberto Canaán, quien figura como uno de los implicados que posteriormente pasó a ser testigo del Ministerio Público en un caso vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNasa).
El imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lleva más de un mes detenido. La audiencia ha sido aplazada en varias ocasiones, en parte debido a una recusación presentada por su defensa contra la jueza Muñiz.
Tras 38 días de detención desde su arresto el pasado 27 de marzo, se espera que finalmente el tribunal conozca la medida de coerción en esta jornada.
